No es posible defender una movilidad sostenible cuando el transporte público es tan caro en el caso de Barcelona y se deja la movilidad por el territorio en manos de empresas de autobuses privadas, en las que puedes viajar prácticamente solo en un autobús de 30 plazas. Y parecen baratos, pero no lo son para los usuarios habituales. Habría que hacer un esfuerzo por idear una red de transporte pública, con vehículos más pequeños, más eficientes en cuanto a las rutas (que respondan a las necesidades ciudadanas, más que a la demanda,), más ecológicos, y más baratos. El transporte público no es solo una necesidad y un avance para las grandes ciudades, tendría que ser un objetivo también respecto a la movilidad por el territorio visto como una oportunidad de conexión y progreso.
Movilidad inclusiva y accesible
Es necesario que la movilidad sea una de las reivindicaciones primordiales. El transporte debe ser gratuito para jubilados, jóvenes (menores de 22 años) y parados en toda Catalunya. El precio debe ser simbólico para el resto de la ciudadanía.
Las zonas del área metropolitana de Barcelona deben modificarse para que pueblos como Molins de Rei o Pallejà no sean zona 2, ya se están haciendo progresos en este aspecto pero es vital que se modifique lo antes posible para integrar el mayor número de localidades a la zona uno, reduciendo el coste en las zonas más alejadas.
Hay que acondicionar más aparcamientos para bicicletas que sean seguros en toda Catalunya y dar prioridad a los peatones y ciclistas respecto a coches o transporte de mercancías. Obligar a los parking privados (no de vivienda, obviamente) a ceder una parte reducida de sus instalaciones para bicicletas a coste simbólico, 60 céntimos por día si es de rotación.Los carriles bici deberían ser obligatorios en cada localidad en un porcentaje mínimo establecido según población, tráfico, vías… siempre con la supervisión previa de técnicos funcionarios que avalen la idoneidad.
Hacer extensiva la tarjeta verde no solo al AMB sino a toda Catalunya.
Penalizar a las empresas de transporte que operan dentro de las ciudades (distribuidoras de alimentos, bebidas, transporte urgente…) si no tienen un porcentaje de mínimo del 60% de su flota como vehículos de baja emisión (eléctricos, gas…). Habría que otorgar subvenciones para la transición durante tres o cuatro años principalmente a autónomos e incrementar los puntos de recarga.
Si, bajar a terreno es importante. Invertir en una movilidad inteligente aunque sea aparentemente deficitaria a corto plazo, es una inversión de futuro en cuanto a eficiencia y calidad de vida para todos (y todos somos en última instancia peatones que deberíamos poder movernos con fluidez sin recurrir a medios privados de transporte ). Muy de acuerdo en lo que propones, incluyendo la capacidad política de, o bien obligar, o bien hacer pedagogía, para conseguir que las empresas privadas encuentren su camino entre el bien público y su beneficio empresarial
Estoy de acuerdo contigo. Hay que tener muy claro la distinción entre privado y público, ya que la empresa privada tiene como objetivo la maximización de los beneficios, el sector público existe para mejorar la vida de los ciudadanos. La pedagogía es indispensable, pero debe estar acompañada inicialmente por medidas que penalicen el incumplimiento o la baja solidaridad.
“La movilidad, el sistema de correo, la agricultura, la sanidad… son al mismo tiempo una actividad económica y un bien público esencial. Es, por ejemplo, la paradoja del transporte público, que cuanto mejor haga su trabajo, menos ‘eficiente’ puede que sea. Llevar un tren a una región remota puede no parecer rentable, pero mantiene a las comunidades locales, y son un símbolo de la sociedad como aspiración compartida” Tony Judt, de su libro Algo va mal, 2010
Estoy de acuerdo en el fondo de lo que comentas. Hace 3 años que no dispongo de ningún medio de transporte privado (ni coche, ni moto, ni bici), y me desplazo diariamente del Poblenou de Barcelona a Sant Just Desvern en tren, bus, tranvía, o metro.
Sin embargo, creo que algunos de los ejemplos o reivinidaciones concretas que apuntas no son válidas, o no las entiendo. Dices que se deja la movilidad por el territorio en manos de empresas privadas. ¿Quieres decir que debería prohibirse el que empresas privadas ofrezcan servicios de transporte público, o que las administraciones públicas deberían estar obligadas a gestionar este servicio por sí mismas?
También comentas que las rutas deben responder a las necesidades ciudadanas, no a la demanda. ¿No son ambas cosas lo mismo? Creo, pero corrígeme si me equivoco, que querías decir que hay que dar servicio a rutas necesarias, a pesar de que puedan ser deficitarias. ¿Lo he entendido bien?
En relación con este tema, creo que deberíamos ser prudentes al ofrecer soluciones basadas en nuestro presente, cuando los cambios que se avecinan en el transporte van a ser muy profundos en los próximos 10 o 15 años. Los vehiculos de conducción autónoma harán que el transporte compartido en vehículos pequeños sea habitual, no raro como ahora pasa con el carsharing. En este escenario de futuro, proponer inversiones económicas que vayan a amortizarse en plazos superiores a 15 o 20 años sería un error, como hemos visto con inversiones del pasado.
Creo que asegurar la movilidad por el territorio (no solo exclusivamente en las zonas muy pobladas) es una responsabilidad política que se puede hacer de varias formas. Ahora existen , o existe Alosa, un medio de buses que cubren parcialmente esa necesidad, pero que incluso, siendo una empresa privada son ineficientes, o al menos poco sostenibles. La diferencia entre la demanda y la necesidad es que Alosa no va a poner un bus para llevar a un abuelo a la farmacia del pueblo de al lado, pero si se podría por ejemplo, juntar esfuerzos con empresas privadas para que gestionar una movilidad más inteligente, con vehículos más pequeños, rutas, etc.
Tienes razón Crissoro.
De hecho, creo que todo el sistema de contratación pública, los concursos, es obsoleto. Como la cuestión económica es prácticamente lo único que se tiene en cuenta, se acaban otorgando las concesiones a las empresas más baratas, por lo que luego los trabajadores tienen que cobrar sueldos bajos, las rutas poco rentables económicamente no se cubren, o se cubren mal, etc. Esto, en el caso concreto del transporte público en comarcas, lleva a que resulte poco atractivo para los usuarios potenciales (horarios, tiempo de trayecto, estaciones o paradas mal equipadas, etc), lo cual resulta contraproducente, etc.
Las administraciones públicas deberían poner más de su parte para que la realización efectiva de las concesiones intente alcanzar sus objetivos, no solamente cubrir una partida presupuestaria lo más baja posible. Este criterio de valorar las acciones de las administraciones públicas exclusivamente por la gestión presupuestaria es, como decía más arriba, obsoleto, además de contraproducente para el propio servicio público que se pretende impulsar.
Por suerte, contamos con la ventaja de Internet, lo que nos permite (tanto a las ciudadanas, como a las personas que ejercen algún tipo de cargo público o representación política) ejercer un escrutinio más político, que complemente el puro control del dinero público.